El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que presentó el Gobierno en febrero, está tendiendo gran repercusión social y política, provocando un amplio rechazo. Pese a todo, el Ejecutivo ha dado por cerrada su redacción y está previsto que el Consejo de Ministros lo apruebe este mes de junio de 2013.
Ante el rechazo suscitado, el Gobierno ha modificado el texto del anteproyecto, aunque sigue siendo inaceptable, y ha dado por cerrada su redacción. Puede aprobarse en Consejo de Ministros en este mes. Tras el verano iniciaría su trámite parlamentario, y el próximo dia 1 de enero de 2014 entraría en vigor.
El texto del anteproyecto se ha negociado con la Federación Española de Municipios y Provincias, y ha superado una importante oposición dentro del propio PP. Finalmente no se reducirán concejales, ni a éstos en los pueblos pequeños se les quitará la pequeña retribución que cobran. Además, se ha retirado la idea inicial de intervenir a los municipios de menos de 5.000 habitantes por su presunta ineficiencia. Con estos cambios solo se ha logrado un cierto consenso en los ámbitos conservadores. Sin embargo, la futura norma será un atentado más contra el Estado de Bienestar.
El pretendido ahorro y eficiencia van a recaer, no solo en la reducción de la capacidad de gestión municipal, también que afectará a 550.000 empleados públicos municipales, quienes van a ver todavía más mermadas sus condiciones laborales e incluso hasta un 40% podrían perder su empleo.
En definitiva, esta reforma es un nuevo atentado contra el Estado del Bienestar, un nuevo golpe a los servicios públicos, la educación, la sanidad, la cultura, las dependencias, los servicios de proximidad…y a la cohesión y desarrollo rural. Un nuevo ataque al empleo público donde se perderán puestos de trabajo y se precarizaran las condiciones laborales. Por tanto, debemos luchar entre todos para que esta reforma no prospere.
